Por Lysis B. Guillermo Salazar

Se ha recordado en diversos medios la declaración del presidente Sebastián Piñera realizada el 8 de octubre, en la que dijo “Chile es un oasis en la América Latina convulsionada”, en términos numéricos Chile crece y se mantiene económicamente estable, pero es un modelo que no toma en cuenta las profundas desigualdades sociales que se han generado y que están acompañadas de un profundo malestar social.

A partir del aumento a las tarifas del metro, el cuarto en un periodo de dos años, los estudiantes convocaron a manifestar su malestar con la evasión del pago. Ante esta situación el gobierno, acostumbrado a tener a una población temerosa y dividida, reprimió las manifestaciones con el uso de carabineros.

Aunque, si bien las manifestaciones iniciaron por el aumento de tarifas, con la reacción del presidente Piñera y la inconformidad latente en la población por la calidad de vida que tienen los ciudadanos, se generaron las condiciones para que el descontento social encontrara un medio de expresión.

Fueron los jóvenes los primeros en manifestarse y organizarse, estudiantes de bachillerato y universidad que tomaron las calles en manifestaciones pacíficas, y a la par, se llevaron acciones más radicales que desembocaron en incendios en las oficinas de la iniciativa privada, que mostraba “la cara violenta” de la manifestación popular.

Los medios de comunicación se dedicaron a exaltar la violencia en las calles y a reiterar que era necesario tomar acciones frente a tanta “violencia”, lo que fue aprovechado por el presidente para “declarar la guerra ante un enemigo poderoso” que es el despertar de la sociedad y la organización ciudadana. El ejército se desplegó en las calles e inició la “guerra”, pero esto no paró al movimiento. Fue más fuerte el malestar social y la conciencia de no permitir que el derecho a manifestar la inconformidad fuera reprimido una vez más.

En la sociedad se hizo más presente que nunca las dos memorias sobre Chile, la de aquellos que vivieron durante los años de la dictadura de Pinochet, que recuerdan diáfanamente cómo el gobierno utiliza impune la fuerza del ejército para deshacerse de lo todo lo que “estorba”, lo que no es deseado por sus intereses, y la memoria de los jóvenes que tienen presente lo vivido durante esos años pero que ven diariamente los costos de vivir con miedo, saben que el silencio se paga con la dignidad, con una vida en la que el salario no es suficiente para vivir, en donde la educación, la salud y servicios básicos como el agua, están administrados por empresas privadas.

El llamado ciudadano es de no callar ante las injusticias, es reclamar el “derecho a vivir en paz” y con dignidad, es un llamado a una clase política desligada de su sociedad, un gobierno democrático que no duda en atacar a su población con toda la violencia que sea necesaria en lugar de entender su inconformidad, que opta por responder con un estado de emergencia, detenciones arbitrarias, tortura y muerte; que ve al problema como algo ajeno, algo que “viene de fuera como una invasión alienígena”. Los chilenos no van aceptar un discurso que se contradice con la realidad, un perdón en los medios pero que mantiene la violencia en las calles y una indiferencia a su dolor y demandas.